La Tercera Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (2002) tuvo por objetivo analizar y adoptar el “Plan de Acción sobre Migraciones Internacionales en América del Sur”, y solicitar a los Gobiernos de la Región que consideren la variable migratoria en las políticas nacionales de desarrollo e integración. Al respecto, los países participantes tuvieron en cuenta el mandato emitido por la Segunda Reunión de Presidentes de América del Sur, el cual dispuso que la Tercera Conferencia Sudamericana sobre Migraciones adopte un Plan de Acción que considere y establezca, entre sus propósitos principales, la formulación de lineamientos coordinados de protección de los derechos fundamentales de los migrantes sudamericanos a nivel mundial, especialmente en materia de seguridad social, garantías laborales y apoyos consulares recíprocos.

En el marco de esta reunión, los participantes coincidieron en que “la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones se ha consolidado como el Foro Permanente de Coordinación, Consulta y Desarrollo de Políticas Migratorias Regionales para América del Sur, con el objetivo prioritario de dar tratamiento integral a la temática migratoria”. También señalaron que “los procesos migratorios regionales y las correspondientes políticas nacionales requieren de mejores y más eficientes mecanismos de apoyo y cooperación sobre la materia, principalmente en los ámbitos de información estratégica en el tema migratorio, la capacitación y formación de funcionarios públicos, la cooperación regional, bilateral y multilateral, así como la participación de la sociedad civil”. Por otra parte, tuvieron presente “que el respeto y la vigencia de los derechos humanos de los migrantes, en particular los referidos a los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales, constituyen una base esencial para el desarrollo humano de la población de los países sudamericanos”. Asimismo, manifestaron “la importancia de establecer las bases para la adopción de políticas regionales coordinadas para combatir el tráfico ilícito de personas y procurar la armonización de las legislaciones de los países sudamericanos en materia migratoria” y que “la protección de los nacionales dentro y fuera de los países sudamericanos constituye una preocupación permanente de los Gobiernos de la Región y de las instituciones religiosas y Organizaciones No Gubernamentales integrantes de la sociedad civil en Sudamérica”.

Al final del evento, los países adoptaron el Plan de Acción sobre Migraciones Internacionales en América del Sur como Programa de Trabajo de la Conferencia. También aprobaron una Declaración Final donde reiteraron el compromiso de “velar por el respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias, de conformidad con las legislaciones internas de los países y los instrumentos internacionales sobre la materia”, instando a la “Comunidad Internacional sobre la necesidad de preservar y promover el irrestricto respeto a los derechos de las personas que se encuentran en cualquier condición migratoria en otro país, garantizando sus derechos humanos y jurídicos fundamentales para asegurar el debido proceso y evitar que las personas detenidas por infracciones a las normas migratorias sean tratadas de manera similar a los delincuentes comunes”. Además, enfatizaron “los preceptos establecidos en la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares, en particular aquellos que disponen la obligación de las autoridades competentes del Estado en el cual se detiene a un ciudadano extranjero, de informar inmediatamente de este hecho al funcionario consular más cercano del país de origen del detenido y brindarle las facilidades necesarias para que dicho agente consular visite al detenido y le proporcione la asistencia jurídica y humanitaria que corresponda”.

Adicionalmente, acordaron “promover la migración segura y fortalecer los mecanismos para el combate del tráfico ilegal de personas”. En este sentido, se comprometieron a “impulsar la cooperación entre los países de Sudamérica y los países de origen, tránsito y destino, mediante el establecimiento de procedimientos y compromisos eficaces, involucrando en especial a las agencias de viaje y a las empresas de transporte internacional, a las cuales debe exigirse el cumplimiento de sus responsabilidades en lo referente a la obligación de informar debidamente a los usuarios sobre las regulaciones migratorias del país receptor, así como también respecto a la obligación de otorgar plena validez a los pasajes de retorno no usados o caducados, en caso de repatriaciones voluntarias o dispuestas por la autoridad migratoria competente del país receptor o de tránsito”. Del mismo modo, decidieron “intensificar la coordinación regional, a fin de promover la cooperación interregional con la Unión Europea, para establecer normas y procedimientos que conduzcan a la regulación y ordenamiento de los flujos migratorios, tomando en consideración los lazos históricos y culturales existentes entre las dos regiones”.

Por otra parte, tomaron nota de las “exhortaciones del señor Canciller del Ecuador, acerca de la necesidad de impulsar las reformas que la normativa internacional requiere, con el fin de establecer un Nuevo Orden Migratorio Internacional”, estructurado en torno a los siguientes aspectos fundamentales: 1) la corresponsabilidad de la migración entre los países de origen y de destino; 2) el reconocimiento de las compensaciones que requieren los países en desarrollo por los perjuicios que se derivan de este proceso, especialmente en lo que respecta a la pérdida de recursos humanos; 3) la responsabilidad compartida entre países de origen y de destino en la lucha contra el tráfico ilegal de personas; 4) la correlación existente entre la pobreza y la movilidad migratoria, que conlleva a la necesidad de vincular más estrechamente el fenómeno de las migraciones internacionales con los procesos de desarrollo integral de los países; 5) la necesidad de reflexionar sobre esta vinculación, como un nuevo elemento que contribuye al establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo; y, 6) la responsabilidad internacional frente al fenómeno del refugio, por el cual un país debe absorber a miles de personas que huyen cuando sus vidas corren peligro. Esta migración forzada, y sus consecuencias en el país receptor, debe ser parte de toda reflexión sobre el tema migratorio”. También reconocieron los importantes aportes efectuados por los gobiernos y organismos internacionales observadores. Agradecieron además a las instituciones religiosas y ONGs de la sociedad civil por la presentación de los documentos: la “Declaración de Quito sobre migraciones, democracia, desarrollo y derechos humanos” y la “Carta a los gobiernos sudamericanos”, los cuales fueron entregaros a las delegaciones durante la reunión plenaria.

Finalmente, los países participantes solicitaron a los organismos internacionales y regionales su cooperación técnica y financiera para: a) formular programas y proyectos que contribuyan al logro de los objetivos generales y específicos del Plan de Acción; b) mantener y fortalecer los programas de capacitación en materia migratoria; y c) promover el desarrollo de mecanismos de información apropiados, que coadyuven al cumplimiento de los propósitos que orientan la tarea del Observatorio Sudamericano sobre Migraciones (OSUMI). Asimismo, pidieron a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su calidad de Secretaría Técnica, la organización de la Segunda Reunión Técnica de Consulta, preparatoria de la Cuarta Conferencia, a efectos de considerar y analizar los proyectos y programas que puedan ser formulados con miras a implementar los objetivos del Plan de Acción.

La II Reunión Técnica de Consulta tuvo lugar del 9 al 11 de abril de 2003, en Asunción, Paraguay. En ella, los delegados, a través de un intercambio de ideas y de experiencias, revisaron el Plan de Acción y establecieron las prioridades de las tareas requeridas para ser tratadas en la próxima Conferencia.