La Sexta Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (2006), tuvo por objetivo consensuar una posición sobre temas migratorios para presentarla al Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración y el Desarrollo así como a otros foros internacionales que se celebrarían ese año, tales como el Encuentro Iberoamericano sobre Migraciones, la Conferencia Internacional Especial, a nivel ministerial, de países en desarrollo con flujos sustanciales de migrantes y la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

En esta reunión, los países participantes reafirmaron su compromiso de “respetar plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Sancionar, Erradicar y Prevenir la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Para), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994)” así como otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por sus Estados. Enfatizaron además la “importancia de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, así como sus dos Protocolos sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y sobre Trata de Personas”. Destacaron también, las Resoluciones sobre derechos humanos de los migrantes adoptadas en ámbitos de la ONU y de la OEA, así como las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma, tuvieron en cuenta “los compromisos asumidos en la IV Cumbre de las Américas, la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno”; la Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios, la Declaración de Montevideo contra la Trata de Personas en el MERCOSUR y Estados Asociados, el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados, la Carta Andina de Derechos Humanos, así como otras iniciativas y avances sobre temas migratorios del MERCOSUR y la CAN. Asimismo, reafirmaron “los compromisos que los Estados tienen de brindar y promover la protección internacional a los refugiados, asilados y desplazados, tal como esta previsto en la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo complementario de 1967 y otros instrumentos internacionales existentes sobre la materia”.

En la Declaración de Asunción, las delegaciones consideraron además los siguientes aspectos: a) que la Región sudamericana está integrada por países de origen, tránsito y/o destino de migrantes; b) el valor que los países sudamericanos han otorgado a las corrientes migratorias recibidas, las cuales han hecho invalorables aportes culturales, económicos, sociales en la construcción de sus países; c) que siendo en la actualidad también una región de origen de las migraciones, preocupa la situación de sus connacionales en terceros países, para los que requieren un tratamiento recíproco al que reciben los nacionales de esos países en sus territorios; d) que sin perjuicio de reconocer el derecho a emigrar que tiene toda persona, es deber de sus gobiernos y sociedades de generar las condiciones que eviten la emigración de sus connacionales, los cuales constituyen un capital humano indispensable para el futuro de su desarrollo económico y social; e) que consecuentemente con lo señalado, existen sustanciales avances tanto en el ámbito regional del MERCOSUR, la CAN y la CASA, así como la adopción de medidas unilaterales por parte de algunos de los Estados, en aspectos muy relevantes, tales como: facilitación del otorgamiento de la residencia; regularización de migrantes; libre circulación de personas; lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; documentación de migrantes; tratamiento igualitario entre nacionales y extranjeros; respeto por la diversidad cultural de los migrantes; mecanismos de coordinación de la gestión migratoria entre los países de origen y de destino, dentro de la Región; armonización de normas en materia migratoria; protección del migrante frente a distintas prácticas de discriminación y de explotación laboral; rechazo a la criminalización de la irregularidad migratoria; cooperación bilateral para el manejo ordenado de los flujos migratorios y otro tipo de cooperación multilateral en la materia; y reconocimiento de derechos civiles, económicos, sociales y culturales. En función de esta experiencia, los países sudamericanos exhortaron a la comunidad internacional a “trabajar en políticas migratorias, fundamentadas en la dimensión ética del respeto de los derechos humanos y orientadas al desarrollo integral de los individuos y sus sociedades”.

En su parte declarativa, se reafirmó: a) el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, especialmente los de la mujer migrante y menores no acompañados, con independencia de su situación migratoria, dentro del marco legal de cada país y conforme a los principios universales, instrumentos internacionales y regionales de protección de las personas; b) la promoción del trabajo coordinado y consensuado entre los Estados a fin de lograr la gobernabilidad migratoria; c) el rechazo de la criminalización de la irregularidad migratoria y su posible tratamiento como un hecho punible desde el derecho penal; d) la promoción de medidas que tiendan a la reunificación familiar; e) la necesidad de conceder “especial protección a mujeres y niños que emigran en calidad de familiares contra abusos o denegación de sus derechos humanos, en el reconocimiento de la importancia vital de la reunificación de la familia”; f) la incrementación de esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el tráfico de menores y otras formas de delitos transnacionales conexos, considerando especialmente la vulnerabilidad de las víctimas; y g) la inclusión de manera prioritaria en la agenda de las reuniones bilaterales, regionales e internacionales del tema de la migración y el desarrollo y el fortalecimiento del diálogo entre los países de la Región. En este sentido se estableció a la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones como el ámbito de concertación política invitándose a los representantes de la sociedad civil a coadyuvar en este proceso.

Por otra parte, se reafirmó “el valioso aporte de los migrantes en los países de acogida así como la necesidad de fomentar en dichos países programas que faciliten la integración de los migrantes, respetando las identidades culturales y previniendo la discriminación, la xenofobia y el racismo”. Al respecto, se instó “a los gobiernos de los países receptores a realizar los máximos esfuerzos para regularizar la situación de los migrantes que se encuentran residiendo en condición de irregularidad” y a trabajar “por el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los migrantes tanto en sus países de origen como en los de llegada o destino”.

En relación con la vinculación de los emigrados con sus países de origen, se acordó facilitarla, permitiendo “la transferencia de habilidades y oportunidades de inversión para contribuir al desarrollo de sus comunidades, al mantenimiento de la cultura de origen y a la organización de las colectividades de migrantes en las sociedades de acogida”. También se recomendó la formulación y ejecución de “programas especiales que faciliten el retorno voluntario y asistido de los nacionales en el exterior”, y la facilitación y promoción de la “reducción de costos de las transferencias de las remesas, reconociendo que las mismas constituyen flujos privados de fondos hacia los países de origen”. Asimismo se reconoció “que parte de los frutos del esfuerzo de inversión pública en educación de los países en desarrollo son transferidos a los países de destino, en particular, en el caso de la emigración altamente calificada”. Al respecto se manifestó que “ese flujo sea tomado en cuenta en las áreas pertinentes de cooperación y negociación internacional, independientemente de la ayuda oficial al desarrollo”.

Finalmente, se reiteró la necesidad de: a) “profundizar la coordinación y cooperación existente entre los organismos internacionales que se ocupan del tema migratorio”; b) de “fortalecer la cooperación entre países receptores y de origen de migrantes para que contribuya a la legalidad y ordenamiento de los flujos migratorios”, y c) de “incorporar los aspectos migratorios en el contexto de otras agendas internacionales referidas a temas que inciden en las causas de los movimientos de población, tales como: el comercio internacional, el desarrollo humano, el medio ambiente, el uso de las tecnologías, la cooperación internacional para el codesarrollo, la salud y el trabajo”. En este sentido se señaló que “la pobreza y la falta de oportunidades así como las brechas de ingreso y las diferentes condiciones de vida entre las regiones resultan una de las causas fundamentales de las migraciones”.

En la Declaración también se encomendó a la Presidencia Pro-Témpore, a cargo de la República del Paraguay, transmitir a la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas la presente Declaración, como contribución sudamericana al Diálogo de Alto Nivel, a la Secretaría General Iberoamericana, como insumo al Encuentro Iberoamericano sobre Migraciones, y a la Conferencia Internacional Especial, a nivel ministerial, de países en desarrollo con flujos sustanciales de migrantes. Asimismo, se destacó y agradeció la valiosa, permanente y trascendente cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), solicitándose su continuidad como Secretaría Técnica de la CSM y reconociéndole su rol como una agencia de gran gravitación en el tema migratorio.

Por último, se resaltó “la importancia de la continuidad de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones como espacio privilegiado de cooperación y diálogo entre gobiernos y sociedad civil”, enfatizándose “la importancia de la contribución de los observadores y representantes de los Organismos Internacionales”, y se enfatizó que la Declaración de Asunción “constituye un conjunto de compromisos integrales que complementa y refuerza los ya alcanzados” por este proceso consultivo regional.