La Séptima Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (2007), tuvo por objetivo consensuar una posición sobre temas migratorios para presentarla al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, en julio de ese año, y al Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo que se celebrará en Cuenca en 2008.

Durante este evento, los países participantes reafirmaron que “el ser humano debe ser el centro de las políticas y programas migratorios y, que por ende los Estados deben "garantizar el respeto de los derechos humanos del migrante, independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, condición social, religión, opinión política, origen étnico, género o edad”. En consecuencia volvieron a ratificar su compromiso de respetar plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. Expresaron además tener en cuenta otros instrumentos de derechos humanos ratificados por sus países; los avances sobre temas migratorios en ámbitos del MERCOSUR y la CAN, así como el Compromiso y la Declaración de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de 2006, los compromisos en materia de migraciones asumidos por los mandatarios sudamericanos en la Declaración de Cochabamba de 2006, y el resultado del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo.

Las delegaciones recordaron que “aproximadamente la mitad de las migraciones suramericanas se realizan al interior de América del Sur, y que gracias a los avances de las respectivas legislaciones internas y a los acuerdos regionales, se ha podido avanzar significativamente en un trato adecuado hacia el migrante en concordancia con los compromisos internacionales vigentes y el derecho humanitario universal”. Manifestaron además estar conscientes que “las migraciones constituyen una realidad y un desafío complejo que requiere ser abordado con un enfoque integral y en el marco de la cooperación internacional”; y que “los factores que afectan el desarrollo de sus países y propician las migraciones son la pobreza, la exclusión social y la desigualdad de oportunidades de acceso a la educación y al empleo, y que se encuentra en manos de los Gobiernos coadyuvar en la solución de esta problemática”.

En la Declaración de Caracas, se ratificaron varios principios, entre los que destacan: a) la reiteración del “compromiso irrestricto con la promoción y respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género o edad, en función de eliminar cualquier manifestación de xenofobia y discriminación”; b) el rechazo de “aquellas políticas económicas que permitan la precarización de las condiciones de trabajo, explotación de los trabajadores migrantes y desconocimiento de sus derechos sociales y laborales, y en tal sentido, instar a los países de destino a promover y desarrollar políticas públicas que tiendan a generar trabajo digno y decente para los migrantes y sus familias, a fin de facilitar su integración en la sociedad de acogida”; c) la reafirmación del “valioso aporte que para el desarrollo de los países de destino representa la población migrante, en los aspectos social, económico, político, cultural, científico y académico; y la necesidad de garantizar la inserción del migrante en las sociedades de acogida a través de políticas de inclusión formuladas con la participación de las comunidades concernidas”; d) la insistencia ya señalada en la Sexta Conferencia de “incorporar los aspectos migratorios en el contexto de otras agendas internacionales referidas a temas que inciden en las causas de los movimientos migratorios, tales como: el comercio internacional, el desarrollo humano, el medio ambiente, el uso de las tecnologías, la cooperación internacional al desarrollo y codesarrollo, la salud y el trabajo”; e) la “decisión de luchar contra el aberrante delito de la trata de personas y, en tal sentido, tomar medidas y crear condiciones según las legislaciones internas y en el marco de los instrumentos internacionales vigentes, para prevenir, reprimir y sancionar este delito, y asegurar la protección de las víctimas durante su permanencia en los países de destino o tránsito, y para el retorno asistido a su país de origen o residencia habitual, así como el acceso a la orientación y protección jurídica”; f) el desarrollo de “mecanismos conjuntos intra, interregionales e internacionales que fortalezcan las medidas y generen las condiciones tendientes a erradicar el tráfico ilícito de migrantes, como consecuencia de las restricciones a los flujos migratorios, y aplicar medidas que permitan la prevención, sanción y represión de este delito, así como la debida protección de las víctimas”; g) la promoción de “programas de cooperación que permitan formular políticas públicas de desarrollo social, orientadas a la transformación de las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social, procurando que la decisión de migrar se base en razones de preferencia y no de necesidad”, y h) el fortalecimiento de “mecanismos para la recolección, compilación, difusión e intercambio de información de flujos migratorios, a fin de caracterizar la población migrante, insumo básico para la formulación de políticas migratorias apropiadas, y propiciar el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación bilateral, regional e internacional en materia migratoria”.

Por otra parte, se constató “con preocupación que la existencia de la migración calificada y especializada representa un alto costo social y económico para los países de origen, por lo que se hace necesario propiciar la formulación de políticas nacionales y de cooperación internacional orientados a atender las causas que promueven estas migraciones y que propendan al mantenimiento del vínculo con sus países, que fomenten la transferencia de conocimiento científico-tecnológico, así como el desarrollo productivo y sostenible de los países de origen”.

En consecuencia, las delegaciones manifestaron la necesidad de “asumir la reciprocidad histórica y responsabilidad común sobre migraciones en el marco de la universalidad como principio fundamental de las relaciones entre países de origen, tránsito y destino”. En este sentido, requirieron a “los países receptores otorgar un tratamiento justo y humanitario a los migrantes procedentes de esta Región, en un marco de inclusión social y respeto de los derechos humanos”. Al respecto, se propusieron una serie de acciones con los países de destino a fin de favorecer la recepción y la integración de los migrantes de la Región, tales como: a) la promoción de políticas migratorias ordenadas intrarregionales y extrarregionales, entre los países de la Región sudamericana y los países receptores, que generen beneficios recíprocos y que garanticen la recepción de los migrantes en las sociedades de acogida; b) la implementación de políticas de regularización de la situación de los migrantes y sus familias en los países de acogida, conforme a los principios y compromisos internacionales sobre derechos humanos de los migrantes,; c) la exhortación a los gobiernos nacionales y/o locales y al sector privado a fomentar y fortalecer la constitución y consolidación de las asociaciones de migrantes, promover la inserción del migrante en los países de destino, así como mantener un diálogo permanente y constructivo con las mismas, que propicie una relación intercultural entre las comunidades de origen y de destino; d) la promoción de mecanismos que aseguren el pleno respeto de los derechos laborales y sociales de los trabajadores migrantes en igualdad de condiciones que los nacionales de los países de acogida, independientemente de su condición migratoria, de conformidad con la protección que otorga la normativa internacional en esta materia; e) la reiteración que las remesas son flujos financieros privados producto del trabajo de la población migrante que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios, y, por lo tanto, no deben ser consideradas ayuda oficial al desarrollo, bajo ningún concepto, debiendo en consecuencia reducirse todo obstáculo al envío de remesas, facilitando las transacciones, minimizando su costo y garantizando al migrante y a los destinatarios el acceso a los servicios bancarios.

Adicionalmente, los países participantes a nivel regional acordaron “revisar y adecuar el Plan de Acción y proponer la implementación de mecanismos de seguimiento que posibiliten su efectiva operatividad, en reunión técnica a ser convocada a tal efecto” y destacaron “una vez más la valiosa contribución de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su calidad de Secretaría Técnica de la Conferencia”.